Antonio Ledezma, un preso político [Por Vladimir Villegas]

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En una democracia no se justifica la existencia de presos políticos (…) Lo importante es que un individuo como Antonio Ledezma ha de estar en libertad plena

Siempre he sido partidario de la amnistía para los presos políticos. El Estado puede hacer uso de esa herramienta para contribuir a bajar los niveles de confrontación política y para facilitar el reencuentro de familias fracturadas por el hecho de que uno o bien más de sus miembros esté tras las rejas por su forma de pensar, por su visión del mundo y por las actividades que se derivan de sus ideas.

¡Libertad para los presos, amnistía general!” Esa era una consigna que en nuestros tiempos de componente coreábamos al lado de muchos de quienes el día de hoy están en el Gobierno para exigir que se abrieran las puertas del Cuartel San Carlos, de la Disip, hoy Sebin, y de otros centros como Tocuyito o bien La Pica, donde era recluidos los presos políticos. La amnistía favoreció la incorporación de abundantes dirigentes de la izquierda a la vida política legal. El Partido Marxista y luego el MIR se beneficiaron de la amnistía, de ideas como la paz democrática o bien la pacificación para desandar el errático camino de la lucha armada.

También fuimos partidarios de la amnistía para los participantes de las insurrecciones militares de mil novecientos noventa y dos. Y merced a medidas adoptadas por el segundo Gobierno de Rafael Caldera, tanto Hugo Chávez como abundantes oficiales del 4F y el 27N salieron a las calles a buscar por la vía de los votos el respaldo a sus propuestas políticas.

Hoy son abundantes los presos políticos existentes en el país, y muy pocos creen en el juego con las palabras según el cual son políticos presos y no al revés. Uno de esos presos políticos es Antonio Ledezma, regidor metropolitano de Caracas. Tiene casa por cárcel y por tanto no puede ser identificado como otra cosa, salvo que se procuren razonamientos para justificar lo inexcusable.

Con Antonio tengo una relación de vieja data. Lo conocí cuando él era dirigente de Acción Democrática y reportero de la fuente política. Estuvo muy ligado al expresidente Carlos Andrés Pérez y después, con el paso del tiempo, empezó a formar su perfil.

Fui crítico de sus gestiones como gobernante y después como regidor del Municipio Libertador. No fueron pocas las manifestaciones frente a su despacho en los que participé siendo miembro del Congreso de los Diputados de La Causa R, junto a Carlos Melo, Alfredo Laya, Maripili Hernández y Vivían Alvarado. Esa distancia política jamás entorpeció las cordiales relaciones personales que siempre hemos mantenido. Era mi derecho oponerme a su gestión, como lo es hoy abogar por su libertad y por su plena integración a lo que ha sido siempre y en todo momento su actividad: la política.

En una democracia no se justifica la existencia de presos políticos. Y Antonio Ledezma es uno de ellos. Hay quienes desean pasarle factura por su pasado, y lo hacen dándole sustento a señalamientos sobre presuntas actividades conspirativas, y que lo han llevado a estar privado de libertad múltiples años, sin derecho a un juicio justo, a eso que se llama el debido proceso, inexistente en su caso. Si alguien reúne las peculiaridades de un preso político es Ledezma. Las recientes persecuciones y los hostigamientos contra su esposa Mitzy Capriles, por la parte de funcionarios de organismos de seguridad del Estado, lo que hacen es aprobar esa condición de prisionero de conciencia.

Antonio y tenemos formas diferentes de ver la política Si pudiésemos sentarnos a dialogar,seguramente ratificaríamos muchas de esas diferencias mas quizá podamos hallar algunas coincidencias. Eso es lo de menos. Lo esencial es que un individuo como Antonio Ledezma ha de estar en libertad plena. Y no solo . Debe haber una amnistía general. Si bien el diálogo político haya fracasado por la razón que fuere, no deja de tener vigencia la demanda de una medida que permita el rencuentro de los presos políticos con sus familiares, y en el caso de Ledezma que cese su arresto domiciliario y cualquier otra restricción a su derecho a participar en la lucha política legal. El país sigue esperando señales como esa.

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