La historia no contada detrás de los elevadores de Caucaguita y Araguaney

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La historia no contada detrás de los elevadores de Caucaguita y Araguaney

 

 

La corrupción y desidia chavista deja su impronta de diversas formas y en todos los escenarios, uno de ellos los conjuntos residenciales populares del Estado Miranda, donde la Fundación Pro-Patria 2000 rescindió en 2013 el contrato otorgado a la empresa Yeltrac Power LLC para la instalación de 47 elevadores. Tras varios años dejó el negocio a cargo de una compañía china que por último instalaron unos ascensores que, simplemente, no marchan.

La esperanza de las personas que habitan en las edificaciones residenciales de los sectores populares de Caucagüita y Araguaney en el Estado Miranda de ver resuelto el inconveniente que desde hace unos años los aqueja por la carencia de elevadores cada vez es menor. Los habitantes de esas comunidades creyeron que con la firma del contrato No. FP-AB-dos mil doce-nueve-diecinueve subscrito en el año dos mil doce por representantes de la empresa estadounidense Yeltrac Power LLC y la Fundación ProPatria dos mil para la instalación integral de cuarenta y siete ascensores, empezaba el fin del suplicio que significa subir y bajar diariamente por las escaleras de sus viviendas, sobre todo cuando de personas de la tercera edad, enfermos y pequeños se trata.

Se equivocaron.

A la fecha han transcurrido más de 3 años y ellos, los perjudicados, siguen en exactamente la misma situación.

¿La razón?

Un entramado de corrupción en el que aparecen implicados familiares de la primera dama venezolana, esta vez en las personas de Carlos Erick Malpica Flores y Walter Jacob Gavidia Flores, a la sazón, directivos —para la fecha— del citado ente estatal Fundación Pro-Patria dos mil, junto a Ilich Lares, Daniel Tascón y Florentino Rodríguez.

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Y es que mucha señales de fraude han salido a la luz a causa de una demanda que cursa en nuestros días en la corte del Distrito Norte de la ciudad de Atlanta, Georgia, E.U., de las cuales serían protagonistas de primera línea las compañías Yeltrac Power, Global Tardif y Seguros La Occidental, al tiempo que la Fundación Pro-Patria dos mil y sus directivos estarían en un segundo plano.

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Las partes

Detengámonos un momentos para explicar qué es la Fundación Pro-Patria dos mil.

Pues bien, la citada fundación fue creada bajo el gobierno del fenecido Hugo Chávez, mediante el decreto 1.007 el 4 de octubre de 2000 con adscripción al Ministerio de la Defensa para más adelante —el treinta de octubre del 2003— transformarse en el brazo ejecutor del Ministerio de Infraestructura.

Esta corporación tiene como objetivo atender los requerimientos de las comunidades dependiendo del mejoramiento de sus espacios físicos, contribuyendo a su bienestar, financiando y ejecutando proyectos, de carácter social, asistencial y vial”.

Su Visión es ser la organización modelo en la ejecución de proyectos de infraestructura, basados en estándares de eficiencia, eficacia y transparencia, que respondan a las necesidades de la comunidad, contribuyan a su progreso y a elevar su calidad de vida”. Y su Misión es contribuir con el desarrollo sostenido de la comunidad. Planificando, administrando, financiando, ejecutando, controlando y promocionando proyectos de infraestructura que cumplan con los lineamientos del plan estratégico de la Nación, apoyados en nuestro talento humano, tecnología actualizada y rigurosos controles de calidad”.

Años después, específicamente el 1° de abril de 2013, el gobierno decidió adscribirla al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Administración de Gobierno, según el decreto presidencial n.º 9.444, publicado en Gaceta Oficial N° 40.137.

Según uno de los considerandos del decreto que establece la nueva adscripción, la decisión obedece a Que para el cumplimiento de los fines del Estado, el Ejecutivo Nacional debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas indicaciones y políticas de orden social, para lo que se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procure la satisfacción de los intereses colectivos”.

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Entretanto, Yeltrac Power, L.l.c. (Limited Liability Company), es una compañía registrada en Georgia con el número 08074651, el 26 de septiembre de dos mil ocho, con domicilio en el 1010 Huntcliff NE, Suite mil trescientos cincuenta, Fulton, Atlanta, GA, treinta trescientos cincuenta, USA, y cuyo representante legal es Francisco Yelamo.

Yeltrac Power, L.l.c. es representante para Latinoamérica de la compañía canadiense de elevadores Global Tardif fundada en 1984 y se halla en Venezuela desde el año dos mil diez, según narra su presidente, Francisco Yelamo-Rhode.

En agosto de dos mil doce, la empresa Yeltrac Power recibió una invitación de la presidente de la Fundación ProPatria 2000, Vilma Rodríguez para ofertar el suministro de los elevadores, ante lo cual sostuvieron una asamblea en Venezuela el Presidente y dueño de la Factoría Global Tardif, Francois Tardif, el Jefe de Ingeniería de la Factoría, Francois Martin y Francisco Yelamo.

Se deseaba que en las construcciones de Caucagüita y Araguaney se instalaran los elevadores singulares de la marca Global Tardif, los cuales están en especial diseñados para soportar alto tráfico (hasta 800 kilos) y cuentan con garantía anti vandalismo. El plazo de entrega era de 4 meses.

La contratación

Con el objeto de instalar cuarenta y siete ascensores en los convocados edificios de Caucagüita y Araguaney, la Fundación Pro-Patria 2000 contrató los servicios de Yeltrac Power LLC y, al momento de la subscripción la compañía recibió un anticipo de US$ 4.275.000,00 del total de Bs. 36.673.515,00., equivalentes a $ 8.500.000,00 que entendía la totalidad de la negociación que ocurrió en 2012, siendo que la erogación del referido anticipo tuvo lugar a través de transferencia hecha por la Oficina Nacional Del Tesoro el día 13 de diciembre del ya citado año dos mil doce.

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Desde agosto las partes habían estado negociando y en representación de la contratante Fundación Pro-Patria 2000 figuraban para ese entonces Reyna Vilma Rodríguez, en funciones de presidente; Beatriz Torres, como directiva legal; Daniel Camacho, directivo de ingeniería; José De Los Ángelo, director de administración; y Dadni Rubio, comunicador social.

El contrato n.º FP-AB-dos mil doce-09-019 se firmó particularmente el nueve de octubre de dos mil doce para la instalación integral de 47 (47) elevadores en edificios residenciales de los campos populares de Caucaguita y Araguaney del Estado Bolivariano Miranda”.

Luego del anticipo del cincuenta por ciento, Yeltrac Power LLC debía recibir otro pago equivalente al 35 por ciento al instante de producirse la entrega de los equipos restantes (24 cabinas y 47 motores) en Puerto FOB Canadá; al paso que el saldo, es decir el quince por ciento sobrante, se anularía dividido por la cantidad de edificios y al acabar la instalación de los equipos en cada uno de ellos.

El dieciocho de octubre de dos mil doce se iniciaron los trabajos de obra civil, previos a la instalación de los cuarenta y siete elevadores.

Los desencuentros

Los documentos relacionados con este contrato refieren que en el primer mes del año de dos mil trece se produjo un cambio en la directiva de la fundación y con ello comenzaron asimismo los inconvenientes con los que la empresa americana iba a tener que lidiar, incluyendo querellas en los tribunales de los EEUU.

Los funcionarios protagonistas de esta situación fueron los nuevos directivos de ProPatria 2000, a saber: Carlos Erick Malpica Flores, en funciones de director; Ilich Lares, asesor de la directiva; Daniel Tascón, presidente (desde enero dos mil trece hasta el 1° de octubre del mismo año); Rosana Campos, abogada; Florentino Rodríguez, y directivo de ingeniería: De octubre de dos mil trece hasta diciembre de 2015, Walter Jacob Gavidia Flores ocuparía la presidencia de la fundación estatal.

Los nuevos directivos

Al aceptar la nueva directiva de la Fundación Pro-Patria 2000 en el primer mes del año de 2013 empezó a sentirse el cambio. Daniel Tascón aceptó la presidencia de la corporación entre enero y diciembre de dos mil trece y partir de esa fecha Walter Gavidia Flores —hijo de la primera dama venezolana, Cilia Flores— hasta diciembre de 2015, como ya hemos hecho referencia.

Cabe resaltar que el 16 de diciembre de 2012 habían tenido lugar las elecciones regionales en el país y en el estado Miranda resultó ganador el líder opositor, Henrique Capriles Radonsky, quien derrotó al abanderado del PSUV, Elías Jaua.

El hecho de que la oposición le arrebatara el poder al oficialismo, semeja haber marcado la pauta de las acciones a proseguir por la parte del chavismo.

Este hecho llevó a que Daniel Tascón, inaugurara su administración en Pro-Patria 2000 anulando el contrato con Yeltrac Power LLC para la adquisición de los cuarenta y siete ascensores para los edificios de Caucagüita y Araguaney. Refirió el funcionario que ya no eran necesarios, dejando sentado que haberlos contratado respondía a una mera acción de carácter electoral.

Tascón procedió a solicitar a Yeltrac Power el contrato original firmado y la devolución del anticipo. Francisco Yelamo-Rhode apuntó que, de paso, el nuevo presidente de la Fundación Pro-Patria 2000 hizo la demanda de manera violenta.

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A pesar de ese evento, e dieciseis de enero de 2013, la empresa contratada avisó a la fundación que debía ejecutar los trabajos anteriores de la obra.

El 24 de abril de 2013, la Fundación Pro-Patria 2000 publicó un cartel para notificar a Yeltrac Power LLC la apertura de un Procedimiento Administrativo fechado el dieciocho de abril del referido año, a los fines de terminar la contratación y en la cual no quedaban claras las razones de semejante decisión. Un hecho que, a juicio de la empresa, constituye una violación al derecho constitucional, al debido proceso, a la presunción de la inocencia y al derecho a ser notificado de los cargos que se le imputan en el proceso sancionatorio.

Francisco Yelamo-Rhode y su empresa aseguraron en público que el alegato de incumplimiento del contrato está lejísimos de ser considerado como una causa, por cuanto al momento de abrirse el procedimiento, Yeltrac Power LLC ya había ejecutado el 68 por ciento de la obras.

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Las obras adelantadas y donaciones a la comunidad

Según notifica la compañía Yeltrac Power LLC para el instante en que se emitió el procedimiento administrativo en su contra, se había ejecutado el sesenta y ocho, 09 por ciento de los trabajos que le correspondía realizar para la instalación de los cuarenta y siete elevadores, los que trece correspondían al conjunto residencial Araguaney y 19 a las construcciones del ámbito Caucagüita.

Tal porcentaje se traduce ciertamente en el desmantelamiento de 32 de los 47 ascensores, lo que se llevó a cabo en un poco más de cuatro meses, no obstante el plazo contractual era de 18 a veinte meses.

Sostiene Yeltrac Power que a la Fundación Pro-Patria dos mil le correspondía realizar una serie de obras civiles que no ejecutó y, en consecuencia, retrasó la labor de la compañía de Norteamérica.

Según documentos legales, el contratante debía derribar y ejecutar los conduzcas de las bases de los motores; iluminar todos los pozos de los ascensores; arreglar todas las filtraciones cara los pozos; cerrar las salas de máquinas y ventanas a fin de que existiera una ventilación cruzada; iluminar y colocar puntos de electricidad para la sala de máquinas; instalar puertas de seguridad en los accesos a las salas de máquinas; y también impermeabilizar las paredes de los pozos para evitar el exceso de humedad en los pozos. Nada de estos se realizó.

Refiere la compañía contratada que el treinta de enero dos mil trece, Daniel Tascon y Florentino Rodríguez, notificaron de forma verbal la paralización total de la obra y el desmontaje de lo ejecutado. Frente a la informalidad de la acción de la Fundación Pro-Patria dos mil, Yeltrac Power decidió continuar con su trabajo hasta el momento en que el conjunto armado Los Tupamaros los conminó. Fueron estos hechos de violencia los que produjeron retraso en la fabricación y envíos, dado el estado de alarma que existía tanto en la compañía contratante como en la factoría Global Tardif en Canadá.

Yeltrac Power LLC y Global Tardif solicitaron el 14 de marzo de 2013 a un Notario Público en Quebec, Canadá, garantizar a través de un documento adecuadamente apostillado, la existencia y ejecución del 83 por ciento de los cuarenta y siete elevadores de forma integral.

El 27 marzo de 2013 la compañía entregó a la Fundación Pro-Patria 2000, en presencia de las comunidades afectadas, la citada certificación, la guía marítima de los primeros 4 contenedores; los planos de elevadores, puertas, fosa y sala de máquinas; y el inventario físico de los materiales.

En esa misma data, Daniel Tascón prohibió la entrada de Francisco Yelamo a la sede de la Fundación Pro-Patria dos mil situada en Fuerte Tiuna.

El 15 de abril de 2013, Yeltrac Power LLC notificó a la Fundación Pro-Patria dos mil la llegada al puerto de Puerto Cabello de 4 contenedores con todas y cada una de las guías de raíles para los 47 elevadores contratados. En dicha terminal marítima asimismo descansan 8 contenedores con los insumos indispensables para el avance de la obra. Estos cargamentos arribaron al país el ocho de abril de dos mil trece y 24 de abril de 2013.

Resulta curioso que habiendo estado como se ha señalado el trabajo con prácticamente un 70 por ciento de ejecución y habiendo llegado a puerto parte del material, y constatado por certificación pública que los elevadores estaban culminados en ochenta y tres por ciento, los representantes de la Fundación Pro-Patria dos mil sólo hicieran hincapié en hacerse del dinero que se había anulado como anticipo de los trabajos.

Acciones judiciales

La Fundación Pro-Patria 2000 solicitó el veintinueve de abril de dos mil catorce ante Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia una medida cautelar de embargo precautorio en contra Yeltrac Power LLC y la Compañía Anónima de Seguros La Occidental que actuó de fiadora principal pagadora de la empresa de Francisco Yelamo.

La Sala designó como ponente a la jueza Mónica Misticchio Tortorella, quien declaró procedente la medida cautelar y, en consecuencia dictaminó el embargo sobre bienes muebles propiedad de la compañía y la aseguradora, por la cantidad de BS. 722.222.133,75

Más tarde, el veinticuatro de junio de 2014, esa misma Sala y también actuando como ponente Misticchio Tortorella, declaró improcedente la petición de suspensión de la medida de embargo preventivo que la aseguradora había propuesto con relación a la resolución anterior.

También corrigió el quantum de la medida del referido embargo sobre los recursos de empresa La Occidental de Seguros, propiedad del banquero Víctor Vargas en su condición de fiadora y primordial pagadora de Yeltrac Power LLC, por la cantidad de Bs. 144.495.000,00.

Yeltrac Power LLC afirmó en aquella oportunidad que consideraba inaceptable la resolución en contra suya, por cuanto estima que se violaron sus derechos. La compañía se negó a anular lo exigido en el embargo.

Seguidamente, el gobierno venezolano a través de un acción judicial interpuesta en contra de Yeltrac Power LLC en la Corte del Distrito Sur de la ciudad de Atlanta, Georgia, demandó que le sean entregados los estados financieros de la compañía en Venezuela con el propósito de determinar el destino de los recursos entregados por parte de la Fundación Pro-Patria dos mil como anticipo para la fabricación y también instalación de los cuarenta y siete elevadores.

Francisco Yelamo se niega a esta solicitud y, en cualquier caso, estaría presto a suministrar la información siempre que esta no salga de jurisdicción de la ciudad de Atlanta, por cuanto se siente conminado en Venezuela.

Seguros La Occidental se une al gobierno venezolano

La compañía de seguros, garante de la fianza usada por Yeltrac Power LLC para firmar el contrato demandó a la empresa de Norteamérica, a su presidente Francisco Yelamo y a Global Tardif Ascensor Manufacturing Group INC en la corte del Distrito Norte de Georgia.

De pacto al documento presentado por los abogados, la representante judicial de La Occidental(CASLO), María Carolina Mogensen declaró que en el año 2012 CASLO otorgó una fianza a Yeltrac Power para la firma del contrato con la fundación Propatria 2000.

Dice que a lo largo de las negociaciones, Francisco Yelamo y el Distribuidor Global Tardif se comprometieron personalmente a asegurar la obligación de Yeltrac de reembolsar a CASLO, en caso y en el instante que se hiciesen exigibles las obligaciones de la Occidental, conforme a la fianza.

Asegura que Yelamo, como fiador personal, aceptaría la obligación contractual de pagar a CASLO -de inmediato y a primera vista- cualquier cantidad de dinero que resultase exigible en conexión con la fianza.

Asimismo, La Occidental alegó ante el tribunal norteamericano que el presidente de Global Tardif, Francoise Tardif prometió que acreditaría personalmente las fianzas otorgadas por CASLO y mediante carta acuerdo de fecha 21 de noviembre de 2013, Global Tardif se obligó a abonar a la aseguradora cualquier obligación que brotara de la fianza.

La Occidental afirma que entregó 3 fianza basándonos en las garantías, a través de las que se garantizaba la entrega e instalación de por la parte de Yeltrac de los elevadores de Global Tardif para la fundación.

Entre las fianzas se encontraba una del anticipo del 50 por ciento para pagarla a la fundación a través de el convenio, una fianza de leal cumplimiento y una fianza laboral. Las fianzas fueron autenticadas en fecha 26 de noviembre de 2012.

La demanda de la corte asegura que el trece de diciembre de dos mil doce, Yeltrac recibió el 50 por ciento del anticipo US dólares americanos 4.272.000,00 garantizado por la fianza de La Occidental.

El 7 de junio de 2013, CASLO fue notificado, en su carácter de fiador, del procedimiento administrativo por incumplimiento de contrato contra Yeltrac por parte de la Fundación intentado el dieciocho de abril de 2013. Asegura que, después de la revisión de los hechos, se encontró culpable a Yeltrac de incumplimiento de contrato. El 18 de julio de ese año, CASLO fue notificado que un recurso de apelación intentado por Yeltrac fue rechazado.

El 9 de diciembre de 2013, CASLO fue informado que Yeltrac había intentado un nuevo recurso en contra de la resolución del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencial y de Seguimiento de la Administración del Gobierno y que el mismo fue declarado inaceptable.

El documento destaca además que el veintisiete de marzo de 2014, la Fundación Propatria dos mil demandó a Yeltrac, incluyendo a CASLO como responsable de la fianza.

Señala que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó a La Occidental producir una prensa sobre los recursos de CASLO por la suma demandada US$ 4.275.000,00 con el objetivo de levantar la prensa referida, para lo que la empresa de seguros adquirió una fianza por el monto embargado.

Asegura que CASLO solicitó que se cumplieran las garantías contractuales para remitir el pago y fue cuando se envió la petición, con fecha once de junio de dos mil trece, a Yeltrac y Global Tardif y ambas corporaciones no respondieron a la solicitud, afirma la declaración.

Agregan que motivado a que Yeltrac y Global Tardif rehusaron a cumplir con sus garantías personales, el dieciseis de junio de dos mil catorce, CASLO abrió un proceso contra las dos empresas en el Tribunal Décimo Primero de Caracas buscando un pago de US$ 5.557.500,00. Y a raíz de ese procedimiento, se emitió un embargo cautelar sobre bienes muebles de Yeltrac y Global Tardif, como un exhorto a los Estados Unidos y Canadá, con el fin de que realizasen el embargo de sus recursos muebles o dinero líquido.

El documento concluye con la petición de CASLO ante el tribunal norteamericano a fin de que proceda con el embargo.

Hasta enero de dos mil diecisiete, el litigio legal sigue en la corte de la ciudad de Atlanta. La jueza encargada del caso pidió a Yeltrac los estados financieros para satisfacer la demanda de La Occidental. Igualmente, la corte declaró sin sitio la petición de protección de Francisco Yelamo quien arguye que si entrega los los estados financieros a la corte, para satisfacer la petición de La Occidental, exactamente los mismos caerían a cargo de las autoridades venezolanas.

Yelamo teme por su integridad física, y arguyó ante la juez de Georgia que su empresa nunca incumplió el contrato sino por contra ejecutó prácticamente un setenta por ciento del mismo, en los términos acordados por la fundación en dos mil doce.

Yelamo declaró que los hechos que procedieron al cambio de la directiva de la fundación que se inició con la llegada de Daniel Tascón y, entonces, de Walter Jacob Gavidia Flores y Carlos Erick Malpica Flores pretendían obligar a la compañía norteamericana a dar un dinero de un proyecto que ya había sido ejecutado. Ante la negativa de la devolución del adelanto se desató una cacería contra la empresa, que incluyó la manipulación del caso en los tribunales venezolanos, donde los demandantes tiene voz mandante y la toma de resolución garantizada.

Denuncia a frente a la Reunión Nacional

Ante los hechos ocurridos y la falta de contestaciones coherentes por parte de la autoridades gubernamentales y judiciales de Venezuela, el presidente de Yeltrac Power LLC presentó una denuncia frente a la Comisión Permanente de Contraloría de la Reunión Nacional, por presuntas irregularidades administrativas en el manejo de fondos públicos por parte de la Fundación Pro-Patria dos mil en perjuicio de los residentes de los conjuntos residenciales populares de Caucagüita y Araguaney.

La comisión técnica designada por el ente parlamentario determinó, en el informe de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciseis y que fue aprobado por la plenaria de la comisión el 1° de junio del mismo año, la existencia de elementos para hacer alardear que las irregularidades denunciadas deben ser objeto de investigación hasta su total esclarecimiento

La comisión técnica estimó que el órgano contralor del Poder Legislativo debía abocarse a la averiguación del destino de los fondos públicos del anticipo anulado para ejecución de los trabajos, la terminación adelantada del contrato por parte de la Fundación Pro-Patria dos mil en prejuicio de los sectores populares de Caucagüita y Araguaney en el estado Miranda. Igualmente aconsejó remitir a la Comisión Permanente de Política Interior la solicitud del denunciante de declarar la nulidad absoluta del procedimiento contra la empresa Yeltrac Power LLC.

Los perjudicados y sus reclamos

Lo cierto que una vez la obra fue paralizada por orden de Daniel Tascón, las comunidades de Caucaguita no han parado de protestar hasta el momento en que el entonces presidente de la república, Hugo Chávez, anunció vía Twitter la aprobación de los recursos para acometer la obra con recursos provenientes de China. Lucía: notificó aprobación recursos para cincuenta y siete ascensores en sectores Caucaguita y Araguaney, Edo. Miranda. Esto financiado por China (9MM dólares americanos )!”, rezaba el tuit emitido por el fallecido mandatario.

La firma china Sanei Shanghai Trading Limited asumió el proyecto que en un inicio estaba contratado con Yeltrac Powe LLC por 47 ascensores y que en su versión original contemplaba el desmantelamiento y restitución de 30 nuevas cabinas para las edificaciones de los conjuntos residenciales en cuestión.

De los ascensores ofrecidos solamente se pusieron en funcionamiento veintidos en el mes de agosto de dos mil dieciseis, es decir, cuatro años después de lo acordado con la compañía de Francisco Yelamo, cuyo contrato se anuló por supuestos retrasos, una total incongruencia. De estos ascensores, siete no funcionaban para esa misma fecha.

Es por esta razón que los vecinos exigieron al gobierno restituir las garantías que Yeltrac Power LLC ofreció en el contrato original subscrito con la Fundación Pro-Patria dos mil.

En su solicitud al gobierno nacional los habitantes de Caucagüita argumentaban para hacer tal planteamiento que nos ofrecían el mantenimiento precautorio regular de los elevadores. Nosotros, como comunidad, hemos tenido que hacer las veces de bomberos para salvar a los vecinos que se quedan encerrados en esas máquinas chinas que podrían decirse que son nuevas, porque tienen apenas un par de años de instaladas. De ahí que deseamos que se retome el espíritu del convenio de la compañía precedente que, durante el poco tiempo de ejecución que consiguió a tener, hasta nos rehabilitaron la Casa Comunal Negro Primero y nos donaron los baños”, expresó un dirigente comunal.

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